Att. Presidente del Consejo de Estado

C/c Ministerio de Salud

En la Sentencia T-544 de 2017, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud disponer lo necesario para garantizar "el derecho" a la muerte digna de los niños, las niñas y los adolescentes, regular el tema y establecer los protocolos médicos para realizar este procedimiento. En contra de esta decisión, Jeison Aristizabal (héroe CNN) interpuso una Tutela ante el Consejo de Estado buscando impedir la expedición de esta reglamentación.

Frente a esto, le pedimos al Consejo de Estado que falle a favor la Tutela interpuesta, a la Corte Constitucional que revoque su decisión, y al Ministerio de Salud que se abstenga de expedir dicha regulación, por considerar que esto pone en riesgo de muerte a todos los niños, niñas y adolescentes, y en especial a aquellos en situación de vulnerabilidad. 

Esta reglamentación por parte del Ministerio, no está siendo desarrollada de forma transparente con la ciudadanía, no se está socializando con los padres de familia, ni con las fundaciones que, por ejemplo, se dedican a cuidar de los niños discapacitados o en situación de adoptabilidad (sin papas) dada la incapacidad o falta de voluntad del Estado para hacerlo.

Su expedición es el primer paso para permitir que en el futuro el Estado o los padres, tomen la decisión sobre la vida y la muerte de sus hijos, ya que los niños, niñas y adolescentes no tienen la capacidad jurídica para decidir sobre la eutanasia. 

Si un niño quiere vivir, pero los padres no comparten su posición, estos últimos podrán pedir que se le aplique la eutanasia a su hijo. Peor aún, si los niños son huérfanos es el Estado quien tomará la decisión; un Estado que frente a cierto segmento de la población podrá decidir sobre la vida o muerte….a pesar de que no admite la pena de muerte para criminales.

Ahora concentrémonos en los niños en situación de discapacidad. Frente a ellos el riego es mucho mayor.

Colombia tiene uno de sus principales problemas en el sistema de salud, la falta de atención, la desfinanciación, la falta de acceso a hospitales y clínicas, y de medicamentos especializados. Con este contexto, donde el Estado colombiano es el principal responsable, no es demasiado descabellado la aparición de una solución “económica”.

El Estado propicia un pésimo sistema de salud, el cual no permite una vida adecuada para los menores que estén en situación de discapacidad; y frente a ellos el mismo Estado, a través de la Corte Constitucional, permite que los padres o el Estado decida sobre si estos niños discapacitados, cuyos tratamientos médicos son bastante costosos, puedan ser objeto de eutanasia. La eutanasia como una salida fácil, de pacientes “problemáticos” para el sistema de salud.

La eutanasia para niños, niñas y adolescentes no debe ser la solución, la solución debe ser buscar la rehabilitación y la inclusión de las personas con enfermedades o discapacidades, teniendo en cuenta que la ciencia y la medicina avanzan rápidamente, y en un futuro cercano es posible obtener la cura a muchos padecimientos o mejorar la calidad de vida de quienes los padecen. Esto implica que existe una gran perspectiva para los más jóvenes, que no debe ser cortada desde el principio de su existencia.

La discapacidad no puede generar que la vida humana de los niños sea menos valiosa porque está en dichas condiciones, la vida es valiosa en sí misma y debe ser protegida.