Bruselas pretende monitorear nuestra política de Derechos Humanos

Pretenden quebrar el principio de subsidiariedad y violar los parlamentos nacionales

 

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Bruselas pretende monitorear nuestra política de Derechos Humanos

ULTIMA HORA (25 de octubre) Perdimos la votación In´t Veld. Se aprobó por 405 votos a favor, 171 en contra, 39 abstenciones.

La eurodiputada holandesa Sophia in´t Veld (ALDE) ha presentado un informe legislativo por el que se anula la soberanía de los estados miembros y se proone una supervisión comunitaria de las polítuicas nacionales de democracia y derechos humanos.

¿El objetivo? Sancionar a las personas, partidos y países que no cumplan los estándares democráticos marcados desde Bruselas

El asunto no pasaría de ser un debate técnico-político si no fuera porque muchos eurofuncionarios y políticos de Bruselas han abrazdo con entusiasmo digno de mejor causa la agenda LGTB. De hecho, en la última marcha del orgullo gay participó la Comisión Europea.

Si se implementara este informe, ciertos países que no aceptan ciertos “avances sociales” podrían ser consierados no respetuosos con los “derechos fundamentales” Se le podría acusar, por ejemplo, de no aplicar el art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales que señala que la orientación sexual no puede ser objetio de discriminación.

Podrían interpretar que negar el matrimonio a personas del mismo sexo vulnera el principio de igualdad y no discriminación.

Como el informe In´t Veld propone además suprimir el art. 51 de la Carta de Derechos Fundamentales (principio de subsidiariedad) se le negaría al Estado la posibilidad de oponerse a esos “avances sociales”,.

Y para que no quede nada sin atar bien atado, el infome In´t Veld propone suprimir la regla de la unanimidad…

Todo esto supondría que el Parlamento, la Comisión y el Consejo se arrogarían con competencias que no les corresponden. Una violación del Tratado de Lisboa que se realizaría además, sin consultar con la ciudadanía.

Una manera de incrementar la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones comunitarias cuando el ‘Brexit’ todavía está fresco.

Como ves, un atropello antidemocrático además de una ilegalidad y de una gran amenaza apara nuestras libertades. Y todo ello, paradójicamente, en pro supuestamente de la democracia…

Veamos algunos ejemplos. Actualmente ni Polonia ni Hungría permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si se aprobara el informe in´t Veld, el ‘homomonio’ sería declarado como “derecho fundamental” y Polonia y Hungría serían sancionados. O peor, forzarían la modificación de sus legislaciones.

Lo mismo puede aplicarse a la maternidad subrogada, la ideología de género o la supresión de la cláusula de conciencia. Podría considerarse “derechos fundamentales” e imponerse por encima de las tradiciones, valores, soberanía y sistema juridico de cada país.

Y todo esto estaría supervisado por el tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, formado por jueces de países ajenos a la UE como Turquía, Marruecos o Rusia. Serían extranjeros los que en última instancia decidirían sobre la política de democracia y derechos humanos en la UE…

Escribe ahora a los eurodiputados españoles y pídeles que rechacen el texto.

Para más información:

Información oficial del informe In´t Veld

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Rechacen el informe In´t Veld

Att. Eurodiputados españoles

Le pedimos la completa retirada del informe In´t Veld en cuanto define una nueva regla de democracia, estado de derecho y derechos fundamentales para la UE. Esta iniciativa no de ley no respeta los tratados europeos.

En concreto:
1. El párrafo 20 contempla mecanismos para revisar el tratado

    • Haciendo que el art. 2 del Tratado de la UE (Lisboa) y la Carta de Derechos Fundamentales la base jurídica para los procedimientos legislativos relacionados con democracia y derechos fundamentales (DRF por sus siglas en inglés)
    • Conversión de la Carta de los Derechos Fundamentales en una Carta de Derechos de la Unión.
    • La revisión del artículo 7 del Tratado UE con el fin de aplicar las sanciones contra los Estados miembros.
    • Supresión del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales en los derechos sobre la Subsidiariedad y soberanía nacional
    • Habilitación de las personas físicas y jurídicas de recurso ante el Tribunal de Justicia sobre presuntas violaciónes relacionados DRF por las instituciones o de un Estado miembro.
    • Las legislaciones de los estados miembros podrían ser llevadas ante Luxemburgo con la petición de un tercio de los europarklamentarios.
    • La modificación de la regla de la votación por unanimidad en el Consejo Europeo

2. La adhesión de la UE a la Corte Europea de Derechos Humanos

    • El informe, en el §11, pide la adhesión de la Unión Europea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Si esto ocurre, el CEDH, que es un organismo del Consejo de Europa (47 países, y no todos los 27 estados miembros de la Unión Europea), se convertiría en la autoridad legal suprema de la Unión Europea, suprevisando el trabajo de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 
    • El TJUE en el Dictamen 2/13 de diciembre de 2014, ya declaró la adhesión de la UE al CEDH no compatible con el artículo 6 § 2 del TUE.

3. Toma de posesión política de los gobiernos nacionales

    • El informe recomienda la creación de un panel de expertos supuestamente independientes en materia de democracia y derechos humanos que evaluarán a cada uno de los estados membros de manera “anónima”. Su informe sería vinculante.
    • Los expertos independientes incluirían jueces de países no comunitarios como Rusia o Marruecos en caso de que la UE se adhiriera a la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo.
    • El art. 4 (2) del Tratado de Lisboa señala que la UE tiene la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, de la autonomía regional y local
    • La posición del Gobierno francés confirmó este análisis: "El mecanismo propuesto no está en conformidad con los Tratados"

Nosotros demandamos

    • El respeto de los parlamentos nacionales y los tribunales constitucionales, garantes del estado de derecho y la democracia y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
    • El respeto de los tratados europeos.
    • La retirada completa de este informe.
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